Dos turistas vascos, detenidos en un país extranjero bajo la acusación de ser agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), se han sumado a la lista de prisioneros políticos españoles. Este caso ha generado significativa atención mediática y una creciente preocupación entre las autoridades españolas, quienes desde el inicio sostienen que estas acusaciones carecen de fundamento. Los detenidos, que se encontraban de vacaciones en el país al momento de su arresto, han declarado reiteradamente su inocencia, asegurando que su vinculación con el CNI es totalmente ficticia. Este incidente ha intensificado las tensiones diplomáticas, y el gobierno español se encuentra en conversaciones para esclarecer los malentendidos y asegurar el pronto regreso de sus ciudadanos al territorio nacional.
La comunidad internacional ha mostrado un creciente interés en este caso, debido a las implicaciones que podría tener en las relaciones diplomáticas y en la percepción global de los derechos humanos en el país donde están detenidos. Diversas organizaciones no gubernamentales ya han manifestado su preocupación por la situación de los turistas vascos, cuestionando la transparencia y justicia de los procedimientos legales que enfrentan. A medida que avanza el tiempo, la presión sobre ambos gobiernos para resolver esta situación aumenta, mientras familiares y amigos de los detenidos mantienen una activa campaña en redes sociales para elevar la visibilidad del caso y obtener apoyo tanto nacional como internacional. La incertidumbre sigue siendo palpable, con la esperanza de que la verdad prevalezca y este episodio llegue a una resolución pacífica y rápida.
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