El 31 de julio, en medio de un contexto de acoso hacia la prensa en El Salvador, la Asamblea Legislativa aprobó reformas constitucionales que permiten la reelección indefinida del presidente Nayib Bukele, un cambio que refuerza un modelo de poder más autocrático. Además de autorizar la continuidad en el cargo del mandatario, el Congreso, controlado por el oficialismo, extendió el período presidencial de cinco a seis años y eliminó la necesidad de una segunda vuelta electoral, permitiendo ganar la presidencia solo con mayoría de votos. Estos movimientos han suscitado críticas al considerar que erosionan la democracia y que consolidan un poder casi absoluto en Bukele, quien ya había sido objeto de cuestionamientos por su reelección en un contexto de prohibición constitucional.
Con estas reformas, el actual periodo presidencial finalizará anticipadamente en 2027, unificando las elecciones presidenciales, legislativas y municipales. El gobierno argumenta que estas medidas buscan estabilidad política y jurídica, aunque los opositores las catalogan como un disfraz legal para debilitar la democracia. La oposición ha expresado que este proceso representa la consumación de un proyecto autoritario prolongado, y señalan el cambio de postura del mandatario, quien anteriormente negó aspirar a una reelección inmediata. A pesar de las controversias y el descontento de sectores críticos, se espera que las reformas sean ratificadas por un parlamento con mayoría oficialista, cerrando así un capítulo anticipado en el que se institucionaliza la reelección indefinida en el país.
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