La Comisión Europea ha propuesto una ambiciosa reforma del marco financiero plurianual de la Unión Europea para el periodo 2028-2034, buscando adaptarse a las nuevas prioridades en áreas como la competitividad, la transición verde y la defensa. La propuesta sugiere un cambio estructural radical en el manejo de los fondos, mediante la consolidación de las partidas de cohesión y agricultura en un único plan para cada país miembro, condicionado a reformas políticas y objetivos establecidos. Esta revisión es vista como imprescindible para poder asumir el reembolso del fondo de recuperación post-COVID, sin comprometer contribuciones estables de los Estados miembros y, al mismo tiempo, aumentar los recursos propios mediante nuevas fuentes de ingresos. Sin embargo, su implementación se enfrenta a la oposición potencial de países más frugales como Alemania y Países Bajos, que podrían oponerse a un aumento del presupuesto europeo.
La deuda del fondo de recuperación se espera que consuma cerca del 20% del presupuesto anual de la UE, lo que subraya la urgencia de la reforma propuesta. Bruselas apuesta por una financiación más flexible y descentrada, permitiendo a los gobiernos nacionales mayor control en la toma de decisiones sobre proyectos, con el fin de atender de manera más efectiva las demandas estratégicas y de competitividad de Europa frente a potencias como Estados Unidos y China. Como parte del plan, se busca introducir un nuevo Fondo Europeo de Competitividad, aunque sin detallar aún la dotación específica para este concepto. Además, la reforma contempla la introducción de nuevos recursos propios vinculados a la política fiscal europea, como impuestos sobre emisiones de CO2 o aranceles verdes, aunque estos enfrentan una falta de interés en el Consejo de la UE, especialmente tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, complicando aún más la colaboración internacional esperada.
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