En medio de un escenario global marcado por la tensión en Oriente Medio y su impacto en los precios de la energía, las instituciones europeas y españolas han anunciado medidas urgentes para mitigar los efectos en los ciudadanos y la economía.
La Comisión Europea ha reforzado su llamamiento a los Estados miembros para que adopten acciones similares a las implementadas en España, dirigidas a proteger a los hogares frente al encarecimiento de la energía. El comisario de Energía, Dan Jorgensen, subrayó ante el Parlamento Europeo la exposición de Europa a la volatilidad de los combustibles fósiles y advirtió sobre la necesidad de aprender de los errores del pasado para evitar futuras crisis. La propuesta incluye reducir impuestos sobre la electricidad, garantizar ayudas de emergencia y establecer mecanismos que eviten cortes de suministro, alineándose con las 80 medidas anunciadas por el Gobierno español.
Entre las medidas que propone la Unión Europea, destaca la promoción de tarifas energéticas más accesibles, la flexibilización en los contratos para los consumidores y el impulso al autoconsumo y la generación de energía limpia en los hogares. Jorgensen enfatizó la importancia de permitir que los consumidores cambien a tarifas más baratas, utilicen la energía con mayor flexibilidad y puedan producir y compartir su propia energía renovable. Además, hizo un llamado a reforzar las redes eléctricas, avanzar en la electrificación y consolidar una verdadera unión energética en el continente.
Por su parte, el Gobierno español anunció un paquete de 80 medidas económicas con un presupuesto de 5.000 millones de euros, destinado a amortiguar el impacto de la crisis en los hogares y sectores productivos. El decreto, aprobado el 11 de marzo, incluye la rebaja del IVA en gasolina, electricidad y gas del 21% al 10%, trastocando límites establecidos por la Unión Europea y generando un ahorro considerable para los consumidores. La reducción del impuesto especial en la electricidad, que pasa a ser del 5% para consumidores y del 7% para la generación, implica una disminución estimada del 60% en la carga impositiva para el sector eléctrico.
Asimismo, el decreto contempla la revisión de prácticas especulativas en el mercado energéticamente, fortaleciendo las capacidades de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para supervisar y controlar los precios. El Ejecutivo también busca proteger el empleo, proponiendo la prohibición de despidos objetivos en empresas que reciban ayudas públicas relacionadas con la crisis, fomentando en su lugar la utilización de ERTEs.
En el ámbito estructural, se aceleran políticas hacia la transición energética, simplificando los procedimientos para proyectos renovables, promoviendo sistemas de almacenamiento y facilitando el autoconsumo compartido en comunidades y empresas. Además, se anuncia un respaldo especial a las cooperativas energéticas, destinando parte de las futuras subastas de capacidad para proyectos comunitarios, con la finalidad de fortalecer una economía más sostenible y autónoma.
Sin embargo, no todas las medidas estructurales lograron consenso en el proceso. La exclusión de la prohibición de desahucios para personas vulnerables y la prórroga automática de contratos de alquiler en 2026 generaron tensiones con el grupo Sumar, que se negó a participar en el Consejo de Ministros si estas cuestiones no eran abordadas. Ante ello, el Ejecutivo optó por dividir en dos decretos las iniciativas relacionadas con la crisis y las de vivienda, visando facilitar la aprobación de las medidas económicas y sectoriales principales.
Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio movilizará 5.000 millones de euros para apoyar a ciudadanos, pymes y sectores estratégicos. Este esfuerzo refleja el compromiso de seguir adoptando medidas de emergencia para afrontar los desafíos económicos y sociales derivados de la inestabilidad internacional.
