La Comisión Europea ha iniciado varios procedimientos de sanción contra España por no haber incorporado a su legislación nacional diversas directivas comunitarias, incluyendo la de energías renovables. El plazo para transponer esta normativa, que busca acelerar y simplificar los permisos para proyectos de energía renovable, venció el 1 de julio. A excepción de Dinamarca, otros 25 Estados miembros también incumplieron el plazo, y Bruselas ha comenzado expedientes contra todos ellos. Las medidas contempladas por la directiva incluyen procedimientos abreviados para tecnologías específicas y el reforzamiento del papel de una ventanilla única para las solicitudes.
Además, Bruselas ha activado procedimientos contra España y otros 16 países por no trasladar completamente la directiva sobre informes de sostenibilidad empresarial. Esta norma exige que las grandes empresas y las cotizadas divulguen información sobre riesgos sociales y medioambientales. Los datos al cierre de 2023 colocan a España como el país de la UE con más procedimientos de infracción abiertos, un total de 44, ubicándola en el puesto 26 de la tabla. El tiempo que estos procedimientos permanecen abiertos en el caso de España es notablemente superior a la media, con 63,2 meses frente a los 49 del promedio comunitario.
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