La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por no remunerar el permiso parental de ocho semanas, contraviniendo así la directiva europea de conciliación familiar. A pesar de que la legislación española contempla dicho permiso, no lo retribuye, incumpliendo el plazo establecido del 2 de agosto de 2022 para la mayoría de las disposiciones de la Directiva, y del 2 de agosto de 2024 para la remuneración de las dos últimas semanas. En una comunicación oficial, Bruselas indicó que España no ha transpuesto completamente esta obligación a su normativa nacional, obligándola a enfrentar una posible multa millonaria.
El Gobierno español tiene ahora un plazo de dos meses para responder a la carta enviada por la Comisión y rectificar la situación, o de lo contrario se encontrará inmerso en un proceso judicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El Ministerio de Trabajo estima que la multa ascendería a unos siete millones de euros si no se cumple con la normativa en los próximos presupuestos generales del Estado. En diciembre, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se comprometió a retribuir al menos cuatro de las ocho semanas del permiso, pero esta medida aún no ha sido implementada.
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