La Comisión Europea ha dado un nuevo golpe a Google al imponerle una multa histórica de 2.950 millones de euros, tras acusarla de prácticas abusivas en el sector de la publicidad digital. La decisión, anunciada el 5 de septiembre de 2025 en Bruselas, es otro capítulo en la prolongada disputa entre la UE y los gigantes tecnológicos.
El caso se centra en el supuesto abuso de posición dominante por parte de Google en los mercados de servidores de anuncios para editores y herramientas de compra programática. Según las investigaciones, desde 2014, Google habría favorecido sistemáticamente sus plataformas, perjudicando a rivales, editores y anunciantes.
La estrategia de Google incluía informar a su Ad Exchange (AdX) sobre las mejores ofertas competidoras para asegurarse victorias en las subastas de anuncios y evitar la competencia en intercambios alternativos. Estas prácticas no solo incrementaron las comisiones de Google, sino que limitaron la elección para editores y anunciantes.
La Comisión ha exigido un cese inmediato de estas estrategias y un plazo de 60 días para que Google proponga medidas para remediar la situación. Entre las opciones está la posibilidad de desinversiones obligatorias, algo sin precedentes en Europa.
Google ha anunciado su intención de apelar, defendiendo que sus servicios son competitivos y beneficiosos. Sin embargo, la Comisión, encabezada por Teresa Ribera, ha sido clara en su postura de que los comportamientos ilegales no serán tolerados y podrían llevar a medidas más severas si no se presentan soluciones adecuadas.
Este nuevo golpe económico se suma a las multas anteriores impuestas por la UE, que ya superan los 10.000 millones de euros en total, destacando la multa de 5.040 millones de euros en 2018 por la imposición de aplicaciones en móviles Android.
Las implicaciones de esta sanción trascienden el continente, llegando en un momento crítico poco antes de que se inicie un juicio similar en Estados Unidos sobre las prácticas publicitarias de Google. La presión internacional parece intensificarse para la multinacional, que deberá presentar una respuesta antes de noviembre de 2025.
Además, cualquier afectado por estas prácticas podrá reclamar daños en los tribunales nacionales, con la decisión de la Comisión como prueba vinculante del comportamiento ilegal de la empresa. Este movimiento refuerza el compromiso europeo con un mercado digital equitativo y competitivo.
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