La conmoción desencadenada por el asesinato del perro comunitario Orelha en Florianópolis ha provocado una ola de indignación en Brasil, movilizando a miles de ciudadanos que exigen «Justiça por Orelha» en diversas ciudades del país. El animal, conocido y querido por los vecinos de Praia Brava, fue brutalmente golpeado por adolescentes cuyas familias son influyentes en la región, lo que ha alimentado temores de impunidad. La repercusión del caso ha sido tal que ha unido a activistas y a la población en general en una demanda por penas más severas para el maltrato animal, destacando la vulnerabilidad de la actual legislación brasileña que trata a menores de edad como infractores, en lugar de delincuentes, limitando su castigo a medidas socioeducativas.

Las manifestaciones han tenido lugar en todo Brasil, siendo São Paulo escenario de una de las más concurridas, con participantes que llevaban mascotas, pancartas y consignas pidiendo justicia para Orelha. Además de visibilizar el maltrato animal, el caso ha resurgido viejas heridas, recordando otros hechos de violencia impunes y alimentando el debate sobre la reducción de la edad penal. El creciente movimiento contra la violencia hacia los animales refleja una sensibilización en un país donde la humanización de las mascotas está en auge, con un significativo aumento de servicios especializados para el bienestar de los animales. A medida que las elecciones presidenciales se acercan, la seguridad pública y el endurecimiento de las penas prometen ser temas candentes en el debate político del país.

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