La detención del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de Estados Unidos, tras ataques militares en zonas clave de Venezuela, ha desencadenado una respuesta polarizada en América Latina. Brasil, México, Colombia y Chile han condenado enérgicamente las acciones militares estadounidenses, subrayando que estas violan la soberanía nacional de Venezuela y constituyen un peligroso precedente internacional. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, abogó por una respuesta firme por parte de la comunidad internacional, reiterando la relevancia del diálogo y el multilateralismo como herramientas esenciales para resolver conflictos. En Colombia, Gustavo Petro ordenó medidas defensivas en la frontera, advirtiendo sobre el potencial aumento del flujo de refugiados y reafirmando la importancia de la autodeterminación de los pueblos como principio central de las Naciones Unidas.
En contraste, países como Argentina, Ecuador y Panamá han expresado su apoyo a la operación estadounidense, aduciendo que el arresto de Maduro puede ser el inicio del fin de lo que consideran un régimen despótico y narcoterrorista. Javier Milei, presidente argentino, celebró la captura como un triunfo para la libertad, mientras que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, veía el suceso como una oportunidad para acabar con la influencia del chavismo en la región. Aunque algunos gobiernos, como el de Perú, mantienen una posición ambigua, llamando a respetar los principios del derecho internacional, argumentan que este acontecimiento subraya la amenaza del crimen organizado en Venezuela. Este episodio ha reavivado el debate sobre la soberanía, el uso de la fuerza y la intervención extranjera en Latinoamérica.
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