El reciente caso de extradición de Oswaldo Eustaquio Filho, un periodista bolsonarista que se trasladó a España en 2023 para evitar el Tribunal Supremo de Brasil, ha generado tensiones diplomáticas entre ambos países. La Audiencia Nacional española decidió no extraditar a Eustaquio Filho, quien es reclamado por Brasil por su presunta participación en una conspiración golpista y por la difusión de noticias falsas. Esta resolución fue inmediatamente contestada por el juez brasileño Alexandre de Moraes, quien dejó en suspenso un proceso de extradición solicitado por España y exigió explicaciones a la embajadora española en Brasilia. Mientras el Gobierno brasileño, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, prepara un recurso contra esta decisión, el Ejecutivo español mantiene silencio, reflejando un enfriamiento en las relaciones bilaterales.
Oswaldo Eustaquio Filho, de 46 años, está vinculado a la incitación de actos antidemocráticos y a la intimidación de funcionarios policiales en Brasil, lo que ha justificado su reclamación por parte del Supremo brasileño bajo varios cargos. El Ministerio de Justicia de Brasil argumenta que los delitos de los cuales se le acusa son punibles tanto en Brasil como en España, indicando que deberían cumplir con los criterios necesarios para la extradición. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha negado la solicitud citando que las acciones del periodista tienen «una evidente conexión y motivación política». Los magistrados españoles, en su resolución, señalan un riesgo significativo de agravamiento en la situación de Eustaquio Filho debido a sus opiniones políticas. A pesar de esto, reconocen que sus actividades en redes sociales podrían exceder los límites de la libertad de expresión e información, una valoración contraria a la defensa del periodista.
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