El gobierno local ha introducido modificaciones legislativas que han generado controversia entre diversos sectores. Destacan dos medidas en particular: la posibilidad de reducir el salario a los bomberos que se encuentran en segunda actividad y una cláusula que restringiría a los sindicatos la promoción de protestas. Estas propuestas han levantado críticas por parte de los organismos sindicales que consideran estas acciones como un intento de debilitar sus derechos y el poder adquisitivo de los trabajadores.
La reducción salarial para los bomberos en segunda actividad ha sido vista como una manera de desincentivar a los empleados públicos en funciones específicas, afectando potencialmente su seguridad económica. Por otro lado, la cláusula contra protestas sindicales ha encendido el debate sobre el derecho a la manifestación y la libertad de expresión, esenciales en una sociedad democrática. Estas medidas han llevado a la convocatoria de reuniones urgentes entre representantes gubernamentales y sindicales en un intento por buscar un consenso que proteja tanto el interés público como los derechos de los trabajadores.
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