Zaporiyia, una ciudad ucraniana situada a solo 23 kilómetros del frente de guerra, ha sido escenario de un devastador ataque aéreo por parte de las fuerzas rusas, en el que se utilizaron bombas FAB-500 que impactaron en la noche del 28 de julio. El ataque destruyó una prisión en el municipio de Bilenke, provocando la muerte de al menos 17 reclusos y dejando heridos a más de 40 personas. Según las autoridades locales, no hay indicios de actividad militar en el lugar afectado, lo que subraya la magnitud del bombardeo a infraestructuras civiles. Este incidente se suma a otros ataques en la región, como el ocurrido en enero, donde también murieron civiles.
La respuesta internacional ha sido enérgica. Dmitro Lubinets, defensor del pueblo de Ucrania, catalogó el bombardeo como una violación del derecho humanitario internacional y un crimen de guerra. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, destacó que en las últimas 24 horas, 22 civiles han muerto y más de 80 han resultado heridos bajo el fuego ruso. Por su parte, Andrii Yermak, jefe de la oficina presidencial, enfatizó que el régimen ruso debe recibir sanciones económicas y militares para frenar sus acciones. Estas declaraciones se producen en un contexto de tensión creciente, luego de que Donald Trump, en una visita al Reino Unido, advirtiera al presidente ruso, Vladímir Putin, sobre posibles sanciones si no se busca una solución pacífica al conflicto.
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