Desde que asumió la presidencia de Perú, Dina Boluarte ha mantenido una relación tensa con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Su administración, marcada por protestas tras el intento de autogolpe de Pedro Castillo, busca actualmente retirar a Perú del Pacto de San José. Boluarte sostiene que la corte amenaza la soberanía nacional, una afirmación hecha mientras enfrenta nueve denuncias constitucionales. La presidenta anunció la creación de un grupo de trabajo para desarrollar una Ley de Soberanía Nacional, con el fin de reafirmar el control del país sobre su destino, en un contexto marcado por desacatos a fallos de la Corte IDH y una ley de amnistía controversial.

El gobierno de Boluarte ha generado críticas por su cercanía con figuras vinculadas a violaciones de derechos humanos y por promover la instauración de la pena de muerte para ciertos delitos, lo que desafía el Pacto de San José. El respaldo del Ministro de Relaciones Exteriores a las decisiones presidenciales refuerza la postura del Ejecutivo en medio de un ambiente legislativo hostil. Analistas advierten que estas medidas buscan proteger a Boluarte de rendir cuentas ante la justicia una vez que concluya su mandato, y podrían resultar en un serio retroceso democrático para Perú, un riesgo que genera preocupación tanto a nivel nacional como internacional.

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