La DEA regresará a Bolivia después de su expulsión en 2008 por el gobierno de Evo Morales, como uno de los primeros actos del nuevo presidente, Rodrigo Paz. Esta vuelta representa un esfuerzo por combatir el narcotráfico en medio de una escalada de violencia en el país y la reanudación de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció que se espera la colaboración internacional, enfatizando la situación en el Chapare, un área de producción de coca con vínculos políticos a Morales. Pese a las tensiones, el viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, afirmó que la asistencia de la DEA será tecnológica, logística y de capacitación. Sin embargo, los cocaleros del Chapare han expresado su oposición firme a la presencia de la agencia, evocando recuerdos de enfrentamientos pasados.
El regreso de la DEA ha reavivado la tensión política entre el nuevo gobierno y Morales, quien critica las acciones de Paz y la promesa incumplida de resolver el desabastecimiento de combustible. El desacuerdo se intensifica con la posición del vicepresidente, Edman Lara, quien previamente había manifestado que no era necesaria la intervención de la DEA en el Chapare. Jaime Paz, exmandatario y padre del presidente, lanzó duras críticas hacia Morales, sugiriendo que el exlíder está fomentando inestabilidad. Morales respondió usando estas tensiones para impulsar su nuevo partido, Evo Pueblo, y llamó a sus seguidores a repetir el apoyo obtenido en las elecciones pasadas. En este contexto, el gobierno actual planea reestructurar la economía del Chapare mediante otras actividades que sustituirían el cultivo de coca, una iniciativa con ecos de esfuerzos pasados que tuvieron resultados limitados.
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