El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, bajo la dirección de Félix Bolaños, está preparado el Estatuto de la «Autoridad Independiente de Protección del Informante», un órgano destinado a proteger a los denunciantes de corrupción. La normativa, aprobada el año pasado, establece que el presidente de este organismo será designado por el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de la Presidencia y ratificado por el Congreso. A pesar de que la ley declara la independencia del ente, el sistema de selección ha generado críticas por su falta de imparcialidad. Desde el Partido Popular y Vox se acusa al Gobierno de usar esta autoridad para fines partidistas y se objeta que podría transformarse en un «chiringuito» político. La ley obliga a empresas y diversas entidades a establecer canales de denuncia y sanciona las represalias contra denunciantes, en un esfuerzo por cumplir con una directiva europea de 2019.
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Bolaños planea decreto para ejercer mayor control sobre el organismo anticorrupción supuestamente independiente
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