La administración federal de México ha estado bajo escrutinio por la asignación de casi 350 millones de pesos a la empresa Servicios Empresariales Blanroj, una entidad que ha recibido más de 90 contratos para el suministro de insumos médicos y uniformes desde junio pasado. Esta compañía, vinculada a Biomics Lab de México, inhabilitada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno debido a inconsistencias y sobreprecios en la Compra Consolidada de Medicamentos 2025-2026, ha levantado sospechas sobre la legalidad de sus contratos. Los nombres de varios socios, incluidos Felipe García Rocha y Marlón Jair Flores Pérez, aparecen en las actas constitutivas de ambas empresas, sugiriendo una posible duplicidad en la adjudicación de contratos públicos.
El gobierno de México continúa enfrentando serios desafíos en el abastecimiento de medicamentos, un problema que se arrastra desde que la administración de Andrés Manuel López Obrador modificó el sistema de compras farmacéuticas en 2019. Esta situación ha derivado en críticas hacia los intentos fallidos, incluidos la intervención extranjera y la creación de la Megafarmacia del Bienestar, sin lograr estabilizar el suministro. La cancelación de la Compra Consolidada de Medicamentos 2025-2026, cargada con un sobrecosto estimado de 13,000 millones de pesos, subraya la difícil situación. Aunque se ha perdido confianza en los procesos de adquisiciones actuales, el gobierno no ha ofrecido respuestas claras ni soluciones concretas para resolver las irregularidades persistentes, complicando aún más la crisis de desabastecimiento de medicinas en México.
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