La reforma de la ley de seguridad ciudadana, conocida popularmente como «ley mordaza», ha sido retomada por el Parlamento español tras más de un año de estancamiento. Este avance llega después de un nuevo acuerdo alcanzado entre PSOE, Sumar y EH Bildu, quienes han estipulado eliminar los aspectos más controvertidos de la normativa. La negociación implica concesiones significativas por parte de los socialistas, dado que fue la falta de consenso sobre los puntos cruciales lo que impidió la aprobación de la reforma en la legislatura pasada. Un componente destacado del pacto es la estipulación de una sustitución «progresiva» de las balas de goma utilizadas por las fuerzas policiales en operativos antidisturbios, reemplazándolas por alternativas menos peligrosas.
Este acuerdo sugiere un intento renovado de abordar preocupaciones largamente mantenidas sobre el respeto a los derechos civiles y el uso de la fuerza por parte de las autoridades. Las críticas previas a la ley, centradas en su supuesta limitación a la libertad de expresión y manifestación, impulsaron la búsqueda de un compromiso que balancee las necesidades de seguridad con el respeto a las libertades individuales. El pacto reciente entre las fuerzas políticas refleja un esfuerzo de conciliación en un tema divisivo que ha suscitado debates intensos desde su implementación inicial. A medida que se espera conocer más detalles sobre la reforma específica, el cambio en el uso de proyectiles por parte de la policía se presenta como un primer paso importante hacia un modelo de seguridad más humanitario.
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