Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha optado por no presentarse en los juzgados de Plaza de Castilla, donde estaba citada para aclarar su situación en un caso de supuesta malversación de fondos públicos. A pesar de su ausencia, sus abogados estuvieron presentes para la audiencia, amparados por una normativa que permite que el imputado no acuda personalmente si está representado legalmente. Este caso, relacionado con el nombramiento de su asesora Cristina Álvarez, ha sido impulsado por una denuncia del sindicato Manos Limpias, que también implica al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Las audiencias cuentan con la coordinación de la organización ultracatólica Hazte Oír, que ha organizado una protesta en las inmediaciones del juzgado.
El juez Juan Carlos Peinado ha señalado la existencia de indicios delictivos si la asesora ayudó en actividades privadas de Gómez con fondos públicos. Este procedimiento es independiente de otra investigación más amplia contra Gómez que incluye varios delitos de corrupción. En el entorno del juzgado, las acusaciones y defensas continúan su curso, mientras Peinado sigue a la espera de varios informes esenciales para el caso, entre ellos, documentos de la Universidad Complutense de Madrid y los correos electrónicos institucionales de Gómez. Todo esto ocurre en un clima de atención mediática y vigilancia pública, subrayando la complejidad y el impacto político del proceso.
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