La sección sindical de la UNED ha decidido denunciar y llevar a juicio a la universidad tras repetidas peticiones para que se modifique la práctica de extraer del salario bruto de los investigadores la cuota patronal. Según el sindicato, esta gestión irregular del presupuesto, destinado por el Ministerio de Universidades para recualificar y mejorar la situación laboral de los investigadores postdoctorales, afecta negativamente a programas como ‘Margarita Salas’ o ‘María Zambrano’. Dichos programas buscan mejorar las condiciones laborales en la investigación, atraer talento y evitar que los postdoctorales tengan que buscar oportunidades fuera de España.
Sobre el papel, las personas beneficiarias de estos programas pueden contar con 2.800 euros para trabajar en España o 3.500 euros si trabajan en el extranjero. Sin embargo, algunas universidades reducen estos montos entre un 26% y un 30% al deducir los costes de contratación que cualquier empresa paga por sus trabajadores. Esta reducción considerable afecta particularmente a quienes trabajan en países con alto costo de vida o en ciudades caras como Madrid o Barcelona, obligando a muchos investigadores a renunciar a dichos contratos.
«Se venía advirtiendo desde 2022, cuando una asamblea de investigadores del programa ‘Margarita Salas’ se reunió con la vicerrectora de Investigación y el vicerrector de Personal Docente de la UNED», comenta Mario Aragón, portavoz de CNT Comarcal Sur. A pesar de los logros obtenidos en otras instituciones, como la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) o la Universidad Politécnica de Madrid, la UNED no ha hecho cambios en sus prácticas. Por este motivo, el sindicato ha decidido llevar el asunto a los tribunales el próximo mes de junio.
Gomer Nuez, investigador postdoctoral de la UNED y miembro de la Sección Sindical de la CNT-UNED, resalta la falta de estabilidad laboral como una de las principales críticas de las asociaciones y sindicatos de investigadores en España. «Los contratos temporales y la precariedad en el empleo dificultan la planificación a largo plazo de investigaciones, desincentivan la inversión en formación continua y afectan negativamente la productividad», apunta. Las ayudas de recualificación, que son objeto de denuncia, nacen precisamente con el objetivo de garantizar contratos estables y fomentar la continuidad en la investigación.
Para las asambleas y asociaciones de jóvenes investigadores, esta situación es otro obstáculo más en su camino. Muchos de ellos deben acumular ‘puntos’ por haber participado en proyectos, haber publicado y formado antes de ser contratados, lo que a menudo implica trabajo no remunerado. La precariedad, según indican, comienza antes del doctorado, cuando las becas no llegan a todos. Aquellos que no cuentan con asistencia económica tienen que compaginar trabajos asalariados con sus estudios de doctorado, lo que genera una desigualdad tanto de clase como de oportunidad que afecta su carrera a largo plazo. «La carrera investigadora presenta retos y limitaciones importantes a nivel socioeconómico y de clase, tanto para entrar como para mantenerse en la misma», explica Cristina Rodríguez Prada, presidenta de la FJI/PRECARIOS.
Desde CNT se muestran optimistas, ya que consideran factible que un tribunal les dé la razón, basado en sentencias previas en favor de sus planteamientos.
Fuente: CNT
