La situación en las Islas Baleares se ha vuelto crítica debido al creciente número de menores no acompañados (menas) y el incremento significativo de inmigración irregular. La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha manifestado que la comunidad está sobrepasada, insistiendo en que el problema es de alcance estatal y solicitando excepciones para Baleares en la acogida de estos menores. Sin embargo, las declaraciones han sido desestimadas por el gobierno central de Pedro Sánchez, que ha implementado un reparto solidario de 4.000 menas entre distintas comunidades autónomas, un acto que ha generado controversia. El ex presidente de las Islas Canarias y actual ministro, Ángel Víctor Torres, apoya esta medida y sugiere que el reparto debería ser obligatorio. Mientras tanto, los centros de menores en Baleares se enfrentan a una sobreocupación del 650%, evidenciando la urgencia del asunto.
En paralelo, Baleares ha experimentado un alarmante incremento del 168% en inmigración ilegal durante 2024, con 5.846 inmigrantes llegando a sus costas en 348 pateras, más del doble que el año anterior. La mayoría de las llegadas se concentran en las islas de Ibiza y Formentera, las cuales han superado en cantidad de llegadas a toda Baleares en 2023. Esta tendencia revela un cambio en las rutas de llegada de las embarcaciones, que anteriormente se dirigían principalmente a Mallorca. La reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería y la necesidad de una cooperación efectiva entre las administraciones son temas cada vez más urgentes, teniendo en cuenta el volumen y los desafíos planteados por este flujo migratorio sin precedentes.
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