El Gobierno de Aragón, liderado por Jorge Azcón, ha decidido impugnar el Real Decreto 662/2024 del gobierno de Pedro Sánchez, que permite la instalación de placas fotovoltaicas en embalses. La medida ha encontrado una oposición unánime en las Cortes de Aragón, donde partidos de todo signo político han subrayado la incompatibilidad de estas instalaciones con el paisaje natural aragonés. La decisión de recurrir ante el Tribunal Supremo se tomó tras un acuerdo en el Consejo de Gobierno, reforzando la postura institucional de proteger los 14 embalses que estarían amenazados por la implementación de esta normativa. A juicio del Ejecutivo aragonés, la instalación de placas solares comprometería no solo el entorno natural, sino también la economía que se ha desarrollado en torno al turismo sostenible y de aventura en la región.
Los motivos del recurso se fundamentan en consideraciones jurídicas y de política ambiental. Según el Gobierno de Aragón, el decreto ignora el trámite de consulta previa, algo que el Tribunal Supremo ha señalado en diversas resoluciones, destacando que dicha omisión solo puede justificarse en circunstancias de interés público mayor que aquí no se cumplen. Además, se argumenta que la normativa infringe los principios de necesidad, seguridad jurídica y transparencia. También se apunta a la afectación de competencias autonómicas concurrentes y la posible vulneración de la ley de evaluación ambiental. Todo esto sustenta la decisión del Gobierno de Aragón de restringir la instalación de placas fotovoltaicas en embalses como parte de su próximo Plan Energético, reafirmando una postura que ya se había manifestado en el pasado ante intentos similares de implementación de energías renovables en áreas sensibles de la comunidad.
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