El nuevo marco normativo aprobado busca fortalecer el financiamiento de los campus universitarios mediante la asignación de diez millones de euros vinculados a objetivos específicos. Este enfoque se centra en mejorar la calidad educativa y en promover la innovación dentro de las instituciones académicas. La normativa no solo busca incentivar el rendimiento y la excelencia, sino también establecer mecanismos claros para la consecución de metas establecidas, fortaleciendo de esta manera el sistema educativo superior.
Además, la regulación contempla sanciones económicas para las infracciones consideradas muy graves, como parte de las medidas para garantizar el cumplimiento de sus disposiciones. Estas sanciones alcanzan hasta los 300.000 euros, aunque se especifica que no afectarán el funcionamiento diario de los campus. Con estas medidas, las autoridades buscan mantener un equilibrio entre el estímulo al desarrollo institucional y la seguridad de un entorno educativo libre de irregularidades significativas.
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