Este viernes la empresa pública Planifica Madrid anunció en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid la apertura de una licitación para la venta de un ático de 485 metros cuadrados ubicado en el paseo de General Martínez Campos, en el barrio de Chamberí. El inmueble, adquirido hace apenas tres meses por 6,3 millones de euros, vuelve a salir al mercado con un precio de salida de 6,7 millones, lo que genera suspicacias sobre la gestión de fondos públicos y la transparencia de la operación.
La operación forma parte de un conjunto más amplio. Junto al ático de Chamberí, Planifica Madrid también pone en venta cuatro inmuebles en la Gran Vía madrileña, en el número 6, con una superficie útil total de 1.132 metros cuadrados y un precio inicial de 11,8 millones de euros. En total, estas dos operaciones suman una licitación base de 18,5 millones de euros, con la finalidad de destinar los ingresos a la reconstrucción de las zonas afectadas por recientes incendios forestales en la Sierra Oeste de Madrid, según comunicó el gobierno regional.
El antecedente de esta operación se remonta a abril, cuando la misma entidad pública formalizó la adquisición del ático con apoyo oficial. Sin embargo, la justificación ofrecida por el Ejecutivo es que el inmueble se iba a usar de forma provisional como dependencias del Gobierno regional en sustitución de la sede oficial en la Real Casa de Correos, que estaba en obras de reforma. Pero esta explicación choca con la normativa urbanística vigente, ya que el edificio, construido en 1957 e ubicado en una esquina estratégica del barrio de Chamberí, solo permite uso residencial. La transformación del inmueble en oficinas sería ilegal, lo que ha añadido un nuevo capítulo al debate.
El diario El País fue el primero en destapar el entramado de la operación, revelando que la compra, por la que la Comunidad de Madrid pagó 6,3 millones de euros más 378.000 euros en impuestos, se realizó a través de una sociedad mercantil para evitar la gestión directa. Además, la inmobiliaria Promora, conocida por sus operaciones de lujo en La Moraleja, cobró una comisión de 189.000 euros (3%), elevando aún más los costos asociados a la transacción.
Pese a que la operación se dio a conocer públicamente el pasado 14 de abril, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, afirmó que el inmueble no sería utilizado por ella ni destinado a residencia oficial: “No es para mí, no es mi residencia, no me han comprado nada”. La misma líder regional negó tener alguna implicación en la gestión y aseguró que las explicaciones oficiales estaban en manos de la Consejería de Presidencia, dirigida por Miguel Ángel García Martín. Sin embargo, la versión oficial contrasta con la realidad del edificio, cuya normativa solo permite uso residencial, lo que hace inviable legalmente su utilización como oficina o dependencia gubernamental.
Las críticas no se hicieron esperar. El Partido Socialista anunció que llevará la compra ante la Fiscalía, advirtiendo sobre posibles delitos de prevaricación y malversación. Los socialistas alegan que la operación careció de justificación presupuestaria y que no cumplió con los procedimientos habituales de transparencia, además de cuestionar la legalidad del uso propuesto para un edificio residencial.
Este episodio vuelve a poner de manifiesto las tensiones en torno a la gestión de fondos públicos en Madrid, además de encender alertas sobre la opacidad en ciertos procedimientos de compra y venta de inmuebles. La aclaración sobre el destino y la legalidad del inmueble aún está en discusión, mientras la oposición continúa exigiendo mayor transparencia y una investigación exhaustiva de las operaciones inmobiliarias realizadas por Planifica Madrid.
