La Comunidad de Madrid ha notificado al Ayuntamiento de Cercedilla y a los residentes de la colonia Camorritos la caducidad del uso de terrenos ocupados ilegalmente, incluyendo un chalet en el que la ministra de Sanidad, Mónica García, posee una tercera parte. Esta medida, impulsada por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, estipula un plazo de tres meses para que los afectados desalojen las propiedades, que deberán ser entregadas libres de cargas. Los terrenos, considerados concesiones públicas caducadas desde hace cinco años, han estado exentos del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles durante este tiempo. El proceso establece que ningún ocupante tendrá derecho a indemnización y prevé la entrega obligatoria de bienes, que deberán estar libres de cualquier carga hipotecaria o fiscal antes de proceder con su devolución.
El impacto de esta decisión ha generado preocupación en el Ayuntamiento de Cercedilla, que enfrenta desafíos logísticos para gestionar la recepción de las propiedades, situación que podría derivar en la formación de la mayor colonia de okupas si no se gestiona adecuadamente. Además, la Asociación de Vecinos de Camorritos ha expresado su intención de recurrir el procedimiento hasta las últimas instancias judiciales. La oposición local subraya la falta de preparación del consistorio para afrontar las posibles consecuencias legales y económicas, incluyendo la necesidad de contratar equipos jurídicos especializados. Este asunto se discutirá en el próximo pleno del Ayuntamiento, donde se espera establecer una estrategia frente al inminente periplo judicial, que podría tener implicaciones significativas para la administración local.
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