La presidenta de la Comunidad de Madrid ha expresado su preocupación por lo que considera un intento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «alterar la Constitución». Este comentario surge en el contexto del anuncio del Ejecutivo central de designar a la Real Casa de Correos como un Lugar de Memoria Democrática. Según la presidenta madrileña, esta decisión es parte de una estrategia más amplia para modificar aspectos fundamentales del orden constitucional del país sin el consenso necesario. En este sentido, ha afirmado que se está llevando a cabo una revisión de la historia que no respeta el acuerdo social y político que sustenta la democracia española desde la Transición.
Ante esta medida, la líder regional ha anunciado su intención de presentar un recurso ante la Justicia para frenar la denominación del emblemático edificio en la Puerta del Sol bajo esta nueva categoría. La presidenta ha enfatizado que el reconocimiento de Lugares de Memoria Democrática debe ser fruto de un consenso amplio y no de imposiciones unilaterales que puedan reinterpretar el legado histórico de España. Su anuncio ha generado un nuevo capítulo en la ya tensa relación entre el gobierno regional madrileño y el Ejecutivo central, abriendo un debate sobre la gestión de la memoria histórica y los límites del poder estatal en la redefinición del patrimonio y la identidad cultural del país.
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