Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha realizado una contundente declaración en la que ha solicitado la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Según Ayuso, esta imputación confirma que se ha orquestado una operación de Estado en su contra con la intención de perjudicarla políticamente. El caso, supervisado por el juez del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, apunta a la supuesta filtración de información confidencial relacionada con Alberto González Amador, pareja de Ayuso. En vísperas de un evento del Nueva Economía Fórum, donde también participó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Ayuso lamentó que la Fiscalía, una institución creada para salvaguardar la legalidad, haya sido utilizada para vulnerar los derechos de los ciudadanos y comprometer el Estado de derecho.
Díaz Ayuso fue más allá al calificar la situación como un «Watergate», acusando a Sánchez de emplear los poderes del Estado contra un adversario político y señalando a la «cuadrilla de Fortuny», grupo encabezado por García Ortiz, junto a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, y el teniente fiscal Diego Villafañe. Hurtado subrayó la implicación de García Ortiz en el uso inapropiado de su correo personal para realizar gestiones urgentes sobre la información filtrada, que según el magistrado, salió de la Fiscalía para llegar a la presidencia del Gobierno. Este señalamiento establece un nexo directo entre la filtración y el Ejecutivo, reforzando las denuncias de Ayuso. Ante la atención mediática, la presidenta ha manifestado que ofrecerá más detalles después del próximo Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
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