La Comunidad de Madrid ha decidido llevar ante el Defensor del Pueblo la problemática creciente de la inquiokupación, un fenómeno que ha comenzado a situarse entre las prioridades de la administración local para combatir de manera decisiva. Esta iniciativa se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por parte del gobierno regional para abordar y mitigar un problema que afecta tanto a propietarios como a inquilinos, y que ha generado una creciente preocupación en la sociedad. La figura del inquiokupa se refiere a aquellas personas que, inicialmente, ocupan una vivienda de manera legal mediante un contrato de alquiler, pero posteriormente dejan de cumplir con sus obligaciones de pago y se niegan a abandonar la propiedad, generando una situación de ocupación ilegal.
Para afrontar esta problemática, la administración madrileña ha implementado diversas estrategias y busca apoyo institucional para reforzar y defender los derechos de los propietarios afectados. Entre las medidas contempladas se encuentran campañas de sensibilización y la posible modificación de leyes para agilizar y facilitar el desalojo de inquiokupas, al mismo tiempo que se brinda asistencia a propietarios en situaciones de vulnerabilidad. Esta ofensiva responde a una creciente demanda social y a la necesidad de proteger el derecho a la propiedad privada mientras se resuelven los conflictos de manera justa y efectiva.
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