La Comunidad de Madrid ha decidido tomar medidas legales en respuesta a la declaración de la Real Casa de Correos, la sede de la Presidencia regional, como Lugar de Memoria Democrática por parte del Gobierno de España. Esta acción se considera un preludio a la presentación de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. Según Miguel Ángel García, portavoz del Ejecutivo regional, la medida del Gobierno central supone una violación de competencias autonómicas exclusivas y un acto de deslealtad institucional. García ha criticado que se vincule el edificio con el franquismo, habiendo operado como Dirección General de Seguridad durante el periodo de 1939 a 1975, y subraya que el edificio, declarado Bien de Interés Cultural, ha tenido una rica historia que se extiende más allá de ese capítulo, siendo testigo de eventos como los levantamientos del 2 de mayo de 1808 y sirviendo a diversas funciones a lo largo de los años.
La Real Casa de Correos, con más de 250 años, ha sido la sede de la Comunidad de Madrid desde 1985, y García considera que su significado ha sido transformado significativamente, sustentando su postura con el argumento utilizado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, respecto a la comisaría de Via Laietana en Barcelona. Por su parte, la Dirección General de Atención y Promoción de la Memoria Democrática aprobó el procedimiento para la declaración en octubre de 2024, detallando que la Dirección General de Seguridad fue un centro de tortura bajo el régimen franquista. La Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local ya había presentado alegaciones contra esta decisión, acusando al Estado de actuar sin lealtad institucional, lo que marca el inicio de una disputa entre el gobierno regional y el gobierno central sobre una memoria histórica que sigue siendo motivo de tensiones políticas en España.
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