En una nueva escalada de tensiones políticas, la presidenta ha arremetido contra el PSOE, acusándolos de «enfrentar a inquilinos y propietarios» al tiempo que sostiene que están «boicoteando» sus iniciativas sobre políticas de vivienda. Durante una comparecencia pública, la presidenta manifestó su preocupación por lo que considera una maniobra del partido socialista para sabotear sus propuestas, orientadas a beneficiar tanto a arrendatarios como a dueños de inmuebles. Estas declaraciones se producen en un momento crucial en que el gobierno busca implementar medidas que corrijan las desigualdades del mercado inmobiliario, que sigue siendo una de las principales preocupaciones para los ciudadanos de la región.
La presidenta destacó la importancia de desarrollar un marco regulativo que permita un equilibrio entre las necesidades de los inquilinos y los intereses de los propietarios. Criticó al PSOE por, supuestamente, entorpecer el ajuste normativo necesario para alcanzar este equilibrio, acentuando así la confrontación entre ambos sectores. Mientras tanto, fuentes del PSOE rechazan las acusaciones y defienden su postura alegando que sus acciones buscan proteger a los más vulnerables y garantizar el acceso a la vivienda. Este conflicto deja en evidencia la intensa batalla política en torno al problema habitacional y subraya la urgencia de alcanzar un consenso que pueda traducirse en políticas efectivas a nivel regional.
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