Las universidades públicas de Madrid enfrentan serios desafíos financieros, agravados por los recortes en sus presupuestos y una financiación que cada vez depende más de la autofinanciación. La Universidad Complutense se encuentra en la cuerda floja, al no poder pagar los salarios de diciembre ni la paga extra de Navidad sin un préstamo urgente de 34,4 millones de euros por parte del gobierno regional. Paralelamente, la Universidad Rey Juan Carlos también experimenta dificultades económicas significativas. El consejero de Educación, Emilio Viciana, ha anunciado que la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia incorporará un sistema de financiación basado en méritos, donde un fondo de 10 millones de euros se distribuiría entre las seis universidades públicas si cumplen ciertos objetivos. Sin embargo, esta cantidad resulta insuficiente para remover el crítico estado financiero de las instituciones.
El análisis de la Fundación Conocimiento y Desarrollo destaca que Madrid invierte menos por alumno que cualquier otra comunidad autónoma en sus campus universitarios. Las transferencias por alumno son notablemente menores que el promedio nacional, lo que complica la situación de las facultades. La Universidad Complutense, por ejemplo, ha visto una reducción significativa en sus transferencias corrientes desde 2010. La futura ley, todavía en borrador, parece inclinarse hacia una mayor exigencia de autofinanciación, lo que afecta directamente a los campus, que ya enfrentan problemas para sostener actividades básicas como la investigación. Además, la financiación por objetivos propuestos en el nuevo borrador de ley se presenta como una medida controversial que pone en jaque a las universidades en espera de que la disposición entre en debate y sea aprobada en la primavera de 2026. Se prevé un modelo más competitivo y basado en méritos que, aunque busca elevar la excelencia, enfrenta críticas por no abordar adecuadamente las actuales carencias estructurales y económicas de las universidades madrileñas.
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