En un esfuerzo conjunto por promover la mediación como una alternativa eficiente y efectiva en la resolución de conflictos, el Ayuntamiento de Madrid y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) han firmado un convenio de colaboración. La rúbrica del acuerdo tuvo lugar en el emblemático Palacio de Cibeles, con la presencia de Inmaculada Sánchez-Cervera, coordinadora general de la Alcaldía, y Javier Quintana, director general del ICJCE.
Este convenio busca no solo fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos entre ambas entidades, sino también fortalecer los servicios municipales, mejorando su calidad y visibilidad. A través de esta colaboración, se pretende impulsar la mediación como un método alternativo para la resolución de conflictos, ofreciendo un recurso más ágil y amigable en comparación con los procesos judiciales convencionales.
La capital española ya ha dado pasos significativos en la adopción de la mediación como herramienta de gestión de conflictos, estableciendo la Oficina de Mediación en junio de 2023. Este servicio público ofrece una plataforma neutral e independiente para resolver disputas entre la administración local y los ciudadanos, así como entre particulares en cuestiones municipales. Desde su creación, la oficina ha gestionado 130 procesos de mediación, resolviendo satisfactoriamente 71 de ellos, además de proporcionar asesoría en 342 casos y realizar más de 400 actuaciones.
El ICJCE, por su parte, ha sido un firme defensor de la mediación en España desde la promulgación de la Ley 5/2012, que regula su aplicación en asuntos civiles y mercantiles. A través del Servicio de Mediación de Auditores, la organización promueve activamente esta práctica como una alternativa viable a los litigios judiciales. El instituto se compromete a mantener altos estándares de calidad en sus servicios mediante la formación continua de sus miembros en técnicas de mediación y la organización de eventos como el Día Europeo de la Mediación. Además, colabora con otras entidades para aumentar la incorporación y aceptación de esta práctica en el país.
Con este convenio, ambas instituciones esperan no solo reducir la litigiosidad sino también promover el principio de buena administración y agilizar los trámites para todas las partes involucradas. Esta alianza estratégica refleja un compromiso mutuo por ofrecer soluciones más eficientes y satisfactorias a la ciudadanía, reforzando así la confianza en los sistemas de gestión de conflictos alternativos.
