El Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde este jueves en la Junta de Gobierno para someter a consulta pública previa la modificación del reglamento orgánico del Consejo Social de la Ciudad. El plazo para esta consulta será de 15 días naturales y los ciudadanos interesados podrán participar a través de la plataforma Decide Madrid, según ha informado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz.
El Consejo Social de la Ciudad de Madrid es un órgano permanente de tipo colegiado, que se erige como el máximo ente consultivo y de participación ciudadana. Su misión principal es orientar la planificación estratégica de la ciudad mediante la colaboración de organizaciones económicas, sociales, profesionales y vecinales más representativas. Cabe destacar que el reglamento orgánico de este consejo fue aprobado inicialmente el 23 de diciembre de 2020.
Actualmente, el Consejo Social opera con cinco comisiones técnicas enfocadas en medioambiente y movilidad, innovación, servicios sociales, urbanismo y economía. Sin embargo, durante el pleno celebrado en febrero, el consejo propuso la creación de una nueva comisión técnica dedicada específicamente a la vivienda. Para que esta comisión tenga carácter permanente y se incluya al titular del área competente en materia de vivienda entre los vocales del Pleno, es necesario modificar el reglamento vigente.
Hasta la fecha, los temas relacionados con la vivienda se discuten en la comisión técnica de urbanismo. No obstante, se ha evaluado que estos asuntos poseen suficiente entidad para ser tratados de manera independiente. La vivienda es una materia que trasciende el ámbito urbanístico y tiene incidencia en otros sectores de la gestión municipal.
La administración municipal ha subrayado que la política de vivienda es una prioridad en este mandato. En este contexto, se ha creado una nueva Área de Gobierno de Políticas de Vivienda, encabezada por Álvaro González. Además de formalizar la comisión permanente de vivienda, la modificación del reglamento tiene como objetivo permitir una regulación más flexible que pueda adaptarse a los cambios estructurales dentro del Ayuntamiento.
La participación pública en la consulta se ve como un paso clave para garantizar que esta modificación refleje las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos, reflejando así una gestión más inclusiva y adaptable a las nuevas realidades.
