El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha tomado una decisión tajante en su última sanción contra la conocida empresa de alquiler de coches, Avis. Dirigido por Pablo Bustinduy, el ministerio ha impuesto una multa severa de un millón de euros, marcando este caso como una infracción de alta gravedad. La causa: prácticas consideradas abusivas al cobrar a los clientes una tasa adicional que oscilaba entre 33,88 y 45 euros por gestionar las multas administrativas de tráfico.
Este procedimiento se inició cuando Consumo recibió una denuncia acerca de dicho cobro, que supuestamente, Avis imputaba a sus clientes cuando alguno de sus vehículos, bajo régimen de alquiler, era sancionado por una infracción de tráfico. La empresa justificaba la tasa como un gasto de gestión necesario para comunicar a las autoridades la identidad de la persona infractora. Sin embargo, según Consumo, esta gestión es una obligación legal que debe asumir el propietario del vehículo, y no el cliente.
La resolución se basa en los artículos 82, 87.5 y 87.6 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que velan por mantener equilibrios justos entre las partes de un contrato y rechazan cláusulas abusivas que impongan costos injustificados a los consumidores.
En el mundo del alquiler de coches, el conocimiento de quién dirige un vehículo al momento de una infracción es crucial. Este mandato está claramente esbozado en el artículo 11 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que indica que la empresa de alquiler debe facilitar a la Administración la identidad del arrendatario sin repercusiones adicionales para el cliente.
Esta no es la primera vez que Avis enfrenta acciones legales por estas prácticas. De hecho, en 2020, el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Vitoria-Gasteiz ya había declarado abusiva esta cláusula, ordenando a Avis eliminar tales condiciones de sus contratos vigentes y abstenerse de aplicarlas.
La denuncia impulsada por la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca EKA/ACUV ha culminado en esta contundente resolución administrativa, aunque Avis todavía tiene la opción de recurrir esta decisión ante los tribunales. El caso pone de relieve las continuas luchas por equilibrar las relaciones entre grandes corporaciones y consumidores individuales, asegurando que este último grupo no sea cargado injustamente.
Fuente: Ministerio de Consumo
