En 1956, el historiador chileno Álvaro Jara publicó «Legislación indigenista de Chile» bajo el Instituto Indigenista Interamericano, un esfuerzo internacional destinado a mejorar el desarrollo social de las comunidades indígenas en América Latina. La misión era recopilar y publicar toda la legislación relevante de los países latinos para fomentar políticas públicas progresivas. Más de medio siglo después, en La Moneda, descendientes de los vencedores y derrotados de la ocupación de la Araucanía se reunieron para entregar al presidente Gabriel Boric el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que busca la restitución de tierras al pueblo mapuche y la reparación de las víctimas de violencia. Este acto destaca la continuidad y evolución de las políticas indigenistas desde la Ley Indígena de 1993, que buscó rehacer la injusticia histórica y ofrecer mecanismos de autogobierno al pueblo mapuche.
El informe de la Comisión para la Paz y Entendimiento enfatiza la importancia de reconocer constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas, tal como se intentó durante las administraciones de Bachelet y Piñera con proyectos como Proyecto Orígenes y Plan Araucanía. Plantea el año 1997 como un punto de inflexión, marcando el comienzo de un interés estatal serio en soluciones integrales, con propuestas como una zona franca y exenciones tributarias para comunidades indígenas. También aborda temas pendientes como la especulación agrícola que dificulta la restitución de tierras. Por primera vez, se incluyen a los no mapuche como víctimas en el marco de reconocimiento y reparación, en un esfuerzo para crear un espacio de diálogo inclusivo. El informe busca trazar un camino hacia la reconciliación y la reparación territorial, reconociendo el derecho de los mapuche a decidir su futuro y contribuir a la superación de la pobreza.
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