El pasado 12 de julio de 2024 marcó un hito en la transformación digital del sector público europeo con la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2024/903, conocido como el Reglamento sobre la Europa Interoperable. Esta normativa se propone establecer un marco regulatorio que facilite el intercambio de datos entre organismos públicos de los Estados miembros y de la Unión Europea, promoviendo así la eficiencia y accesibilidad de los servicios públicos digitales en toda la región.
En un contexto donde la integración tecnológica y la libre circulación son esenciales, la interoperabilidad se convierte en una pieza clave para el buen funcionamiento de los servicios digitales transeuropeos. Desde el reconocimiento de títulos académicos hasta la transferencia de datos de salud y Seguridad Social, la capacidad de compartir información de manera segura y eficaz entre los Estados miembros es crucial para fortalecer la cooperación europea.
El reglamento destaca por introducir medidas significativas que fomentan la interoperabilidad. Una de las principales innovaciones es la obligación de realizar evaluaciones de interoperabilidad, que serán efectivas a partir de enero de 2025. Estas evaluaciones, cuyos resultados deben ser accesibles públicamente, buscan asegurar que las decisiones sobre servicios digitales se fundamenten en criterios técnicos claros y comprensibles.
Asimismo, el reglamento enfatiza la importancia del intercambio de soluciones de interoperabilidad. Las entidades públicas deberán compartir documentación técnica y código fuente en el nuevo Portal de la Europa Interoperable, sustituyendo al actual portal Joinup. Esta medida pretende fomentar la transparencia y la colaboración entre las administraciones públicas.
En su compromiso con la innovación, la normativa establece la creación de sandboxes, o espacios de pruebas controlados, que permitirán a las entidades públicas experimentar con nuevas soluciones de interoperabilidad bajo estrictas medidas de seguridad jurídica. Este enfoque es especialmente relevante en contextos que involucren datos personales, garantizando así un uso responsable de la información.
Para asegurar la coherencia en la aplicación del Reglamento, se creará un comité de gobernanza con representantes de los Estados miembros y de la Comisión Europea. Este comité tendrá la tarea de supervisar la aplicación de la normativa, definir criterios de evaluación y promover la reutilización de soluciones interoperables. Además, cada Estado miembro deberá designar al menos una autoridad como punto de contacto único antes del 12 de enero de 2025.
La implementación de esta normativa no solo refuerza el marco jurídico para la colaboración transfronteriza, sino que también subraya la necesidad de un cambio cultural en las administraciones públicas. Al abrazar un modelo de gestión documental basado en datos, se facilita el cumplimiento de regulaciones como el Reglamento de Gobernanza de Datos y la protección de datos personales, promoviendo así la reutilización segura de la información pública.
El Reglamento sobre la Europa Interoperable representa un avance necesario para construir una Europa más conectada, eficiente y digital. No es únicamente un desafío técnico, sino una condición imprescindible para garantizar la eficacia administrativa, la transparencia y la confianza de los ciudadanos en los servicios públicos digitales, acercándonos a una Europa donde las fronteras administrativas sean cada vez menos perceptibles.
