El Consejo de Ministros ha dado un paso significativo este martes al aprobar el proyecto de ley promovido por Pablo Bustinduy para reformar dos normas clave. La Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad iniciarán su curso en el Congreso de los Diputados. Este avance legislativo, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, busca construir un sistema de cuidados público de calidad, promoviendo el derecho universal al bienestar y la autonomía personal.
La iniciativa legislativa introduce elementos innovadores para mejorar la inclusión de personas con discapacidad, consolidando la accesibilidad como un derecho fundamental. Entre sus aspectos destacados, se eliminan las incompatibilidades en las prestaciones de dependencia y se suprime el plazo suspensivo de dos años para las prestaciones económicas de cuidado en el entorno familiar.
El proyecto también amplía la ayuda domiciliaria, regula la asistencia personal profesional y reconoce la teleasistencia como un derecho. Además, ofrece prestaciones transitorias para personas en grado II y III de dependencia. En un esfuerzo por financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), se destinarán 783,2 millones de euros a los gobiernos autonómicos.
El ministro Bustinduy enfatizó la importancia de adaptar el sistema de dependencia a los desafíos contemporáneos y futuros, ampliando prestaciones, reduciendo burocracia e incorporando tecnología al servicio del bienestar. Subrayó que la reforma es vital para enfrentar el crecimiento demográfico de personas mayores en el país, promoviendo cuidados comunitarios cercanos.
La reforma legislativa añade nuevo contenido al catálogo de servicios y prestaciones, incluyendo asistencia personal y servicios de apoyo en viviendas colaborativas. También introduce mejoras en la atención familiar, extendiendo las prestaciones económicas hasta el deceso de la persona dependiente, y reconoce el derecho a elegir servicios personalizados.
En el ámbito laboral, la reforma destaca por introducir medidas para compatibilizar el acceso al empleo con los servicios del sistema, eliminando desincentivos para personas con discapacidad que desean integrarse en el mercado laboral.
El proyecto, además, desarrolla el nuevo Artículo 49 de la Constitución Española, reforzando derechos para personas con discapacidad, garantizando la accesibilidad universal y promoviendo la atención temprana para niños con discapacidad.
La propuesta legislativa prevé un impulso tecnológico para mejorar los servicios y fomentar la innovación social, siempre respetando principios como la autonomía y la privacidad de las personas. Se anticipa la creación del Centro Estatal de Competencias de Innovación Social en un año.
La atención a la salud mental también obtiene un nuevo marco, priorizando el consentimiento informado y prohibiendo prácticas coercitivas, asegurando así un trato centrado en la autonomía de las personas.
En resumen, esta reforma busca transformar profundamente el sistema de atención social, garantizando derechos amplios y sostenidos para personas en situación de dependencia y discapacidad, con una visión inclusiva y avanzada hacia el futuro.
Fuente: Ministerio de Consumo
