México ha dado un paso crucial hacia la regulación de las pensiones elevadas de exfuncionarios con la aprobación inicial de una reforma constitucional por parte de la Cámara de Diputados. La medida propone limitar las jubilaciones de los ex altos cargos del sector público a un máximo de aproximadamente 70,000 pesos mensuales, equivalente a la mitad del sueldo neto de la presidenta Claudia Sheinbaum. Actualmente en trámite en el Senado para su ratificación, esta reforma enfrenta oposición técnica y protestas de sindicatos y jubilados de empresas estatales como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Banco Nacional de Obras (Banobras), quienes sostienen que han ganado sus pensiones a lo largo de décadas de servicio.
La iniciativa, defendida como una medida de ahorro potencial de 5,000 millones de pesos anuales, ha devenido en una polémica nacional tras la revelación de listas que detallan pensiones millonarias de cerca de 100,000 exfuncionarios. La Secretaría Anticorrupción publicó informes iniciales que indicaban que algunos de estos beneficios superaban el millón de pesos mensuales. A pesar de una corrección reduciendo algunos de esos montos, las críticas persisten, especialmente desde Pemex, que alberga a numerosos jubilados con altos ingresos. Representantes como el exgerente Salvador Quero han cuestionado la validez de estos informes, alegando que reflejan información inexacta sobre sus remuneraciones.
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