En un ambicioso plan de modernización y expansión de las infraestructuras judiciales, las empresas adjudicatarias han asumido el compromiso de presentar los proyectos básicos antes de que concluya 2024. El proceso de transformación no solo busca mejorar las capacidades existentes sino también adaptarse a las exigencias futuras, con la maqueta prevista para el primer trimestre del próximo año y un inicio de los trabajos que se prolongarán por 48 meses.
La nueva edificación, que promete revolucionar el panorama judicial de Madrid, ocupará una impresionante área de 236,000 metros cuadrados sobre el nivel del suelo y 198,000 metros cuadrados subterráneos, en un solar de 132,000 metros cuadrados. Este incremento del 61% en el espacio disponible subraya la visión a largo plazo del proyecto, ideado para satisfacer las necesidades del servicio público durante los próximos 40 años. Las comodidades planificadas incluyen zonas adicionales diseñadas para adaptarse al crecimiento proyectado.
Dividido en dos lotes, el primero de ellos involucra una inversión de 195 millones de euros e incorpora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Audiencia Provincial, servicios administrativos multipropósito, así como un aparcamiento público con capacidad para 2,900 plazas y otro destinado a la plantilla judicial. El segundo lote, con un coste de 458 millones, cubrirá jurisdicciones clave como la Civil, Penal, Social y Contencioso-Administrativo, además de albergar la Fiscalía y los espacios de seguridad.
Esta transformación se enmarca dentro de un esfuerzo integral de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local que afecta al 90% de las infraestructuras judiciales, con una inversión sobresaliente superior a 830 millones de euros. Durante el curso de 2024, la Comunidad de Madrid ha formalizado relevantes convenios, destacando un pacto sin precedentes en España con los colegios de abogados locales para fortalecer la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio. Este acuerdo eleva la inversión en un 29%, de 51,6 millones en 2023 a 66,6 millones.
También es destacable el consenso alcanzado con sindicatos que representa una mejora en las condiciones laborales de más de 7,200 funcionarios. Sumado a estas iniciativas, Madrid se ha posicionado como pionera en la regulación de la figura del experto facilitador judicial, una herramienta crucial en el apoyo a personas con discapacidad en el ámbito legal, con más de 150 profesionales ya acreditados para desempeñar esta función.
Con estos pasos firmes, la Comunidad de Madrid avanza decididamente hacia un futuro en el que la justicia no solo sea más accesible y eficiente, sino también más humana y adaptada a las necesidades de todos sus ciudadanos.
