Un juez federal ha tomado una decisión trascendental al rechazar la solicitud del gobierno de archivar una demanda por supuesta violación de la Ley de Privacidad, interpuesta por dos importantes sindicatos de empleados públicos de Estados Unidos. La controversia se centra en la divulgación no autorizada de información altamente sensible de decenas de millones de empleados federales, jubilados y solicitantes de empleo al controvertido «Departamento de Eficiencia Gubernamental» (DOGE), liderado por Elon Musk.
Los sindicatos detrás de la demanda, la American Federation of Government Employees (AFGE) y la Association of Administrative Law Judges (AALJ), han expuesto que la información revelada incluye datos personales críticos, como números de seguro social, historiales médicos, información financiera y detalles sobre familiares de los afectados. Argumentan que esta divulgación constituyó un «daño concreto» a la privacidad de los demandantes, lo que les otorga la legitimidad para proceder legalmente.
El tribunal, tras evaluar los daños alegados, determinó que las filtraciones de datos eran ofensivas para la privacidad de los individuos involucrados de una manera «altamente ofensiva». Además, subrayó que esta exposición a terceros no autorizados aumenta significativamente el riesgo de hackeos y robos de identidad, representando una amenaza tangible a la seguridad de sus datos personales.
El gobierno intentó argumentar que los demandantes no podrían alegar perjuicios a menos que se demostrase un uso indebido de la información por parte de DOGE. Sin embargo, la corte concluyó que la mera divulgación a personas no autorizadas constituye un daño en sí mismo bajo la Ley de Privacidad.
La decisión judicial permite a los demandantes avanzar con sus acusaciones de que el gobierno no solo divulgó de manera inapropiada la información, sino que también falló en proteger adecuadamente los datos. Asimismo, se les ha permitido continuar con sus reclamaciones de que el gobierno actuó de manera «arbitraria y caprichosa», destacando que el proceso de incorporación de agentes al DOGE fue apresurado y careció de las medidas de seguridad necesarias.
Esta decisión del juez se presenta en un momento crítico, ya que la preocupación por el manejo de datos personales por parte del gobierno va en aumento. La Ley de Privacidad de 1974, promulgada para recuperar la confianza pública tras el escándalo de Watergate, vuelve a estar en el centro del debate. La violación que se alega ahora podría ser una de las infracciones más graves de la ley desde su creación, poniendo de relieve la necesidad urgente de adaptar la protección de la privacidad a un mundo cada vez más digital.
