La convergencia entre la Inteligencia Artificial (IA) y el derecho se encuentra en un punto crucial mientras los reguladores buscan soluciones a largo plazo para una tecnología en constante evolución. En este contexto, el recientemente publicado Informe de Competitividad de la Unión Europea (UE) destaca la importancia de que el bloque europeo planifique cuidadosamente su próximo presupuesto. La regulación excesiva podría obstaculizar un futuro prometedor impulsado por la inteligencia artificial.
Presentado por Mario Draghi en septiembre de 2024, el informe advierte que el estancamiento del crecimiento económico, junto a una burocracia excesiva, amenaza la innovación y el bienestar social en Europa. Se sugiere un conjunto de políticas sectoriales y horizontales que permitan a la UE competir eficazmente con potencias como Estados Unidos y China. Para ello, se propone una inversión de entre 750.000 y 800.000 millones de euros, que equivale al 5% del Producto Interno Bruto (PIB) de la Unión. De este monto, unos 450.000 millones se destinarían a la transición energética.
Asimismo, el informe recomienda revisar las leyes de competencia para facilitar fusiones entre corporaciones europeas, destacando un tema polémico desde la interrupción de la fusión Siemens-Alstom en 2019. La implementación de estas propuestas no solo dependerá de la presentación de Draghi ante el Consejo Europeo, sino también de factores externos, como la inminente presidencia de Donald Trump en Estados Unidos a partir de enero de 2025, y las negociaciones futuras del marco financiero plurianual de la UE para el período 2028-2034.
El informe enfatiza la necesidad de aumentar la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D), dada la creciente demanda computacional que impulsa la inteligencia artificial. En este ámbito, Europa está rezagada, pues las empresas del continente solo representan el 7% del gasto global en I+D en software y servicios informáticos, en comparación con el 71% de Estados Unidos y el 15% de China.
Pese a este retraso, Europa mantiene una posición destacada en la computación de alto rendimiento gracias a infraestructuras públicas en seis de sus estados miembros. Dos futuras computadoras de exaescala se sumarán a estos esfuerzos, ampliando la capacidad de cómputo para impulsar startups de IA.
La UE ha avanzado también en su modelo digital con legislaciones como la Ley de Mercados Digitales, que establece reglas para grandes plataformas digitales. Aunque están diseñadas para fomentar un sector digital competitivo, se anticipa una resistencia creciente por parte de empresas europeas y estadounidenses, ya que estas últimas integran cada vez más IA en sus tecnologías.
Solo el 11% de las empresas europeas han adoptado la IA, con una meta ambiciosa del 75% para 2030. Este desafío evidencia la falta de capital de riesgo y grandes proveedores de servicios en la nube, a diferencia de asociaciones de renombre como la de OpenAI y Microsoft en Estados Unidos.
La Ley de IA de la UE, aprobada en marzo de 2024, clasifica los sistemas de inteligencia artificial según su nivel de riesgo. Se espera que sus efectos se manifiesten hacia 2026. En un contexto donde la IA avanza a pasos agigantados, la regulación futura promete ser tanto apasionante como controvertida.
El porvenir de la IA en Europa no solo dependerá de la financiación en I+D, sino también de la revisión continua de las leyes de competencia. Los retos regulatorios, como la colusión tácita y la lealtad a la marca, deberán ser cuidadosamente gestionados para proteger a los consumidores y asegurar un mercado equitativo. Aunque la ley de IA representa un paso adelante, el rezago tecnológico de Europa podría disminuir su cuota de mercado frente a competidores globales. Para mitigar estas desventajas y fomentar prosperidad en un entorno mundial, una reforma continua será crucial para que las empresas europeas puedan prosperar.
