Rosa Cochachi, una de las 212 profesionales sanitarias afectadas, ha denunciado la exigencia lingüística impuesta por el Institut Català de la Salut como una «barrera para españoles». Estas trabajadoras, delegadas en sus funciones por no acreditar el nivel necesario de catalán, enfrentan la frustración y la incertidumbre laboral, suscitado por un requisito que, según afirman, perjudica a profesionales perfectamente capacitados. La normativa, que busca reforzar el uso del catalán en el ámbito público, ha levantado un debate intenso sobre la inclusión de profesionales en un sector tan esencial como el sanitario, donde la calidad del servicio debería primar sobre cuestiones lingüísticas.
El Institut Català de la Salut defiende que el dominio del catalán no solo es un requisito legal, sino también una necesidad para asegurar una atención integral y cercana a los pacientes, en coherencia con la normativa autonómica. Sin embargo, el caso ha generado una controversia significativa, al plantear un dilema ético y profesional: hasta qué punto es justificable relegar a profesionales competentes por criterios lingüísticos. En medio de esta disputa, las afectadas buscan alternativas y abogan por una revisión de las políticas que contemple excepciones justas, destacando que la prioridad debería ser siempre la calidad del servicio público de salud.
Leer noticia completa en El Mundo.
