En 2025, los autónomos en Francia e Italia lograron un ahorro conjunto de más de 500 millones de euros gracias a la aplicación del régimen fiscal conocido como IVA franquiciado. Este esquema, que aún no existe en España, permite a ciertos trabajadores por cuenta propia eximirse de las obligaciones habituales del impuesto, lo que implica una notable reducción en costes y en carga administrativa. La diferencia en el impacto económico entre estos países y España evidencia una desigualdad que afecta directamente a los profesionales españoles.
El IVA franquiciado es un régimen especial que exime a los autónomos con facturación anual por debajo de un umbral establecido (generalmente 85.000 euros en la Unión Europea) de presentar declaraciones periódicas y llevar una contabilidad vinculada al impuesto. En países donde se ha implementado, estos trabajadores solo deben realizar una declaración anual, lo que simplifica significativamente su gestión tributaria y reduce costes asociados con gestorías o software especializado. Como contraparte, no pueden repercutir ni deducirse el IVA en sus operaciones, pero el ahorro en tiempo y recursos resulta sustancial.
Según datos del Gabinete de Estudios de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), en España cerca de 770.000 autónomos podrían beneficiarse de este sistema si fuera adoptado. La organización estima que la no implementación del IVA franquiciado en el país ha generado un perjuicio económico de aproximadamente 508 millones de euros anuales, una cifra que refleja un daño palpable en la competitividad del colectivo.
El análisis realizado por ATA detalla que el ahorro medio por autónomo por la no obligatoriedad de presentar declaraciones periódicas y mantener una contabilidad específica ronda los 660 euros anuales. Este cálculo combina los ahorros en costes de gestión, estimados en 300 euros al año, y las horas de trabajo ahorradas en tareas relacionadas con el impuesto, valoradas en unos 360 euros anuales. Multiplicando esa cifra por el total de posibles beneficiarios, se obtiene la cifra total del perjuicio económico.
El impacto de esta situación ha llevado a ATA a denunciar ante la Comisión Europea que España incumple una directiva comunitaria. La organización argumenta que la no adopción del sistema de IVA franquiciado impone una carga administrativa adicional a norteamericanos y italianos, mientras que los autónomos españoles operan con menores costes y menos trámites. Esto genera una clara desigualdad de condiciones en el mercado europeo, con potenciales efectos negativos en la competencia y en la sostenibilidad del colectivo.
A diferencia de otros países europeos, España sigue siendo el único Estado miembro que no ha incorporado este régimen. La falta de esa simplificación tributaria no solo afecta la economía de cada autónomo, sino que también tiene repercusiones macroeconómicas, ya que resulta en una competencia desigual que obstaculiza la igualdad de oportunidades en el sector.
Estos datos reafirman la necesidad de contemplar reformas fiscales que faciliten y reduzcan la carga burocrática para los trabajadores por cuenta propia. La adopción del IVA franquiciado en España no solo representaría un ahorro significativo para los autónomos, sino que también contribuiría a una economía más equitativa y competitiva a nivel europeo.
