El Tribunal Constitucional de España ha aceptado a trámite un total de 10 recursos presentados por diversas comunidades autónomas contra un controvertido decreto ley que regula el reparto de menores no acompañados. Este decreto, promulgado por el Gobierno español, busca establecer medidas urgentes para salvaguardar el interés superior de los menores en situaciones migratorias excepcionales. Sin embargo, las comunidades autónomas han expresado su descontento, argumentando que la normativa invade competencias regionales y vulnera artículos constitucionales cruciales, como los relativos a la regulación de derechos fundamentales y la distribución de competencias.
Los recursos fueron presentados inicialmente por Madrid, Aragón, Cantabria y Extremadura, y más recientemente por las comunidades de la Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia. Las impugnaciones se centran en que el decreto podría infringir artículos constitucionales referentes al uso de decretos ley y la autonomía financiera regional. Por su parte, el Gobierno defiende la legalidad del decreto basándose en su competencia en asuntos de nacionalidad e inmigración, destacando la necesidad de proteger los derechos de los menores migrantes según la legislación vigente.
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