El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido reforzar el servicio de asistencia jurídica gratuita con una inyección económica de 5,2 millones de euros, representando un aumento del 10,3% respecto al presupuesto inicial de 50,4 millones de euros para este año. Esta decisión, tomada en el seno del Consejo de Gobierno, responde a la necesidad de fortalecer el acceso a la justicia para aquellos ciudadanos con menos recursos en la región.
El refuerzo financiero se ha materializado en dos subvenciones por concesión directa. La más significativa, de 4,4 millones de euros, está destinada al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y al Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (ICAAH). Estos colegios son los principales garantes de la defensa legal de miles de madrileños que recurren al servicio de asistencia jurídica gratuita para hacer valer sus derechos en procesos judiciales.
Además, el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM) recibirá una subvención de 800.000 euros. Los procuradores desempeñan un papel crucial en el engranaje del sistema judicial, asegurando que el procedimiento legal se lleve a cabo conforme a la normativa vigente y facilitando la relación entre los tribunales y los abogados.
Este incremento presupuestario refleja el compromiso del Gobierno regional de garantizar que el derecho a la justicia sea accesible para todos los ciudadanos, independientemente de su capacidad económica. La medida busca paliar las crecientes necesidades de asistencia legal de los sectores más vulnerables de la sociedad, en un contexto donde las demandas de ayuda jurídica no han dejado de aumentar.
Los representantes de los colegios beneficiados han acogido con satisfacción esta decisión, subrayando la importancia de contar con recursos suficientes para ofrecer una asistencia de calidad. Asimismo, han reiterado su compromiso de seguir trabajando en pos de una justicia más inclusiva y equitativa.
Con este esfuerzo económico, la Comunidad de Madrid busca afianzar su posición como líder en el apoyo al sistema de justicia gratuita en España, avanzando en la consolidación de un servicio que resulta esencial para el mantenimiento del Estado de Derecho y la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
