El reciente cambio en el marco regulador implementado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en España desde el 1 de julio marca un hito importante en el sector de la fibra óptica. La revisión de precios, que incrementa hasta un 11,6% el costo de acceso a las infraestructuras civiles de Telefónica, podría afectar a los operadores alternativos que han sido clave para ofrecer tarifas competitivas en el país.
España ha destacado por su avanzada red de fibra óptica en Europa, en gran parte debido al modelo MARCo. Este sistema permitió a operadores como Digi, Vodafone y MásOrange acceder a las infraestructuras de Telefónica, facilitando el despliegue de sus propias redes y contribuyendo al auge de tarifas bajas, como los 300 Mbps por tan solo 10 euros mensuales.
Sin embargo, con los nuevos costos en vigencia, los operadores rivales enfrentan un desafío significativo. Los nuevos precios publicados en el Boletín Oficial del Estado implican aumentos de hasta el 11,6% en elementos clave como el subconducto, el tendido en postes y acometidas, lo que podría repercutir en sus márgenes y estrategias de precios.
Esta revisión llega en un momento de alta competencia, y se teme que los operadores que han basado su modelo en tarifas reducidas deberán reconsiderar sus políticas. Digi, por ejemplo, podría tener que ajustar sus precios si el costo mensual por kilómetro de su red sigue aumentando.
El incremento se justifica como un ajuste al coste medio eficiente de mantenimiento de las infraestructuras de Telefónica, pero sus consecuencias prácticas podrían incluir el encarecimiento de las tarifas más asequibles. Estas ofertas han jugado un papel crucial en el acceso masivo a internet de alta velocidad.
Expertos del sector advierten que esta subida de precios podría ser el principio de una ralentización en la competencia y una posible homogeneización al alza de las tarifas, afectando así la diversidad y pluralidad del mercado.
En un contexto económico donde el control de gastos es esencial para muchos hogares, cualquier aumento en los precios disminuye la capacidad de elección del consumidor, cuestionando el futuro de la fibra barata en España y la sostenibilidad del actual ecosistema de telecomunicaciones.
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