El sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) ha sacudido el debate sobre el Índice de Precios al Consumo (IPC) con la publicación de un informe que evidencia una profunda distorsión en la percepción oficial de la inflación, afectando especialmente a los hogares que residen en alquiler. Según el estudio, titulado «IPC inquilino: midiendo la inflación real de los hogares de alquiler», el impacto de los precios en estos hogares duplica casi las cifras del IPC oficial para el año 2025. Mientras el INE reportaba un 2,7% de inflación media, la realidad experimentada por los inquilinos alcanzó un preocupante 4,7%.
Este informe pone de relieve un problema de larga data: la infravaloración de la vivienda en la medición del IPC oficial, donde su influencia no supera el 3,5% del índice total. En contraste, las familias que viven de alquiler destinan un cuarto de sus ingresos exclusivamente a pagar la renta. De acuerdo con CGT, esta es una medición crucial que el índice oficial omite, ignorando la realidad económica de 8,4 millones de personas en España.
Profundizando en los hallazgos del informe, la brecha inflacionaria se ahonda si se observa la evolución desde 2019: los precios han subido un 31% para los hogares inquilinos, frente al 25% reflejado por el índice oficial. Las disparidades son aún más acentuadas en comunidades autónomas como Madrid, que vio una inflación del 5,6% para sus inquilinos en 2025, en comparación con el 3% reportado oficialmente.
El impacto de estas discrepancias es tangible y significativo en los ingresos de las personas. El informe destaca que, aunque las subidas salariales recogidas en los convenios colectivos han moderado la pérdida de poder adquisitivo, son insuficientes para contrarrestar el efecto del alza en los precios del alquiler. Para quienes viven bajo esta modalidad, los salarios han caído un 6,9% en términos reales desde 2019, hecho que dificulta aún más su supervivencia financiera.
El texto de CGT no solo expone un problema, sino que exige medidas urgentes y decisivas. En primer lugar, propone la creación de un indicador oficial que refleje el coste real de la vivienda, abarcando tanto alquileres como hipotecas. Además, insta a la adopción de medidas políticas para combatir la especulación inmobiliaria, una práctica que consideran atenta contra el derecho a una vivienda digna. Por último, el sindicato solicita subidas salariales que realmente reflejen el coste de la vivienda, garantizando así que el poder adquisitivo de la clase trabajadora no se erosione aún más.
Este informe abre un importante diálogo sobre cómo el IPC oficial podría no estar capturando completamente la realidad económica de un significativo segmento de la población. Las propuestas de CGT buscan no solo hacer visible un problema, sino también impulsar un cambio significativo en la política económica y laboral española. Mientras tanto, millones de inquilinos seguirán experimentando una inflación que, según este estudio, apenas se refleja en las estadísticas oficiales, pero incide profundamente en su calidad de vida.
Fuente: CGT
