El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles dos subvenciones por concesión directa, con el objetivo de reforzar el acceso de la ciudadanía a la asistencia jurídica gratuita en la Comunidad de Madrid. La primera subvención, que asciende a 52 millones de euros, se destina al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y al Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (ICAAH). La segunda, por un importe de 8,4 millones de euros, irá dirigida al Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM).

Estas medidas, adoptadas por el Ejecutivo autonómico, aseguran el cumplimiento del derecho fundamental al acceso a la tutela judicial efectiva y a la asistencia jurídica gratuita, tal como lo garantiza la Constitución Española. Durante 2025, este servicio público benefició a un total de 88.669 personas, subrayando la importancia de esta inversión para aquellos ciudadanos que carecen de los recursos económicos necesarios.

Los recursos destinados a los abogados se gestionarán a través del Consejo de Colegio de Abogados de la Comunidad de Madrid, que engloba tanto al ICAM como al ICAAH. En el ámbito de la procura, los pagos se efectuarán por mediación del Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España.

La decisión se enmarca dentro del Decreto aprobado por el Gobierno regional en junio de 2025, que regula la asistencia jurídica gratuita y la operativa de sus órganos en la región, así como las relaciones entre la Administración y los colegios profesionales competentes.

En cuanto a la inversión en asistencia jurídica por habitante, la Comunidad de Madrid se sitúa a la vanguardia. Con un presupuesto total de 66.490.000 euros para el año en curso, la región destina un 5,64% más que el año anterior para garantizar servicios esenciales como la orientación jurídica, la representación procesal y el turno de oficio. Esta cifra se traduce en una inversión de 9,35 euros por habitante para los 7.113.886 ciudadanos, destacando significativamente frente a los 6,20 euros por habitante asignados por el Ministerio de la Presidencia y Justicia en otras comunidades autónomas bajo su gestión, que suman una población de 8.558.411 personas.

De esta manera, el Gobierno regional destinará 13.201.480 euros más que la administración central, a pesar de contar con cerca de 1,5 millones de habitantes menos en su jurisdicción. Esta diferencia refleja un esfuerzo sustancial en el fortalecimiento del sistema de justicia autonómico, asegurando una mayor cobertura y eficacia en la asistencia jurídica gratuita para sus ciudadanos.