En la quinta reunión del Observatorio regional de Víctimas del Delito, llevada a cabo en la Viceconsejería de Justicia y Víctimas, se han revelado datos preocupantes sobre los motivos que llevan a miles de personas a buscar asistencia en las oficinas dedicadas a las víctimas en la Comunidad de Madrid. Durante la reunión, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, hizo hincapié en la atención que se presta a las víctimas, destacando tanto la calidad como la calidez del servicio, especialmente para las personas más vulnerables.
Los datos presentados son elocuentes: un 34,1% de las consultas están relacionadas con actos contra la libertad sexual, incluyendo abusos y agresiones. Muy de cerca le sigue la violencia contra la mujer, que representa el 33,2% de los casos atendidos. Otros motivos de consulta incluyen hechos contra la integridad física (5,7%), incidentes próximos a delitos que no alcanzan a ser denunciados (5,4%), y la violencia doméstica o intrafamiliar (5,2%).
La Comunidad de Madrid cuenta actualmente con 21 Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD), distribuidas estratégicamente para cubrir cada partido judicial. Tres de estas oficinas se encuentran en la capital, específicamente en Plaza de Castilla, Albarracín y Julián Camarillo, mientras que las restantes están ubicadas en municipios como Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez y otros. Estas oficinas están dotadas de un equipo multidisciplinario compuesto por 67 empleados públicos, un incremento de diez personas en comparación con el año anterior. Entre estos profesionales se incluyen gestores procesales, administrativos, psicólogos y trabajadores sociales.
Un avance significativo en 2024 ha sido la formación especializada que recibieron todos los psicólogos y trabajadores sociales de las OAVD, preparándolos como expertos facilitadores para apoyar a personas con discapacidad en las sedes judiciales. Desde la implementación de este programa, se han atendido 168 casos específicos, distribuidos entre 128 adultos y 40 menores de edad.
Estos esfuerzos subrayan el compromiso continuo de las autoridades madrileñas por mejorar el sistema de atención a las víctimas del delito, ofreciendo no solo asistencia jurídica sino también apoyo psicológico y social, con un enfoque particular en los grupos más vulnerables.
