En España, el derecho a la eutanasia, consolidado desde su aprobación en 2021, continúa experimentando un notable crecimiento. Según el informe emitido por el Ministerio de Sanidad, durante 2023 se registraron 766 solicitudes para acceder a esta prestación, lo que representa un incremento del 25% respecto al año anterior. Sin embargo, las cifras de personas que realmente consumaron este procedimiento alcanzaron las 334, aumentando un 15% en comparación con 2022. La brecha entre las solicitudes y las ejecuciones se atribuye en gran medida a que el 25% de los solicitantes fallecieron antes de que sus peticiones fueran resueltas, un proceso que puede extenderse hasta 67 días, a pesar de que la legislación permitiría una resolución en 35 días si se agilizaran los trámites. Además, el riguroso marco administrativo provoca que otro 25% de las solicitudes sean rechazadas, dado que requieren el sufrimiento intolerable para ser aprobadas, lo que es evaluado individualmente por un equipo médico independiente y una comisión de garantías.
El análisis del perfil de los solicitantes revela que las personas entre 70 y 79 años constituyen el grupo más numeroso, concentrando el 28% de las peticiones, con afecciones oncológicas y neurológicas representando el 35% de los casos cada una. A pesar de que la mayoría de los solicitantes poseían capacidad de decisión al inicio del proceso, un 15% se encontraban en riesgo inminente de perderla. Otros factores que explican el desfase entre las solicitudes y las eutanasias realizadas incluyen los aplazamientos solicitados por el 4,3% de los pacientes y la revocación del deseo por parte del 2,7%. Este informe no sólo describe las cifras, sino que también refleja la complejidad del proceso administrativo y legal que rodea el derecho a la eutanasia en España. La publicación abierta de nuevas actualizaciones ofrecería más luz sobre cómo este sistema continuará evolucionando.
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