Rusia parece haber encontrado la fórmula para esquivar las sanciones tecnológicas impuestas por Estados Unidos y Europa. Según datos oficiales de la aduana rusa, la importación de procesadores estadounidenses cayó drásticamente en 2024: un 95% menos en el caso de Intel y un 81% menos en el de AMD. Sin embargo, esta cifra contrasta frontalmente con las declaraciones de empresas tecnológicas locales, que aseguran haber incrementado sus compras hasta en un 30% respecto al año anterior.
La contradicción entre la versión oficial y la situación real en el mercado ha generado una creciente incertidumbre. Mientras la Oficina Federal de Aduanas publica un descenso pronunciado en los registros, los fabricantes rusos afirman estar recibiendo más chips que nunca y no reportan problemas de suministro. “No hay escasez”, afirman ejecutivos de firmas como Rikor o el Grupo Lotus. De hecho, algunos señalan que tan solo en 2024 se importaron más de 120,000 unidades, superando en un tercio los niveles del año anterior.
La clave del fenómeno parece residir en la opacidad del proceso de importación. En muchos casos, los procesadores no se declaran como tales. Se integran dentro de categorías más amplias o directamente no se especifica el contenido de los contenedores. Esta estrategia permite sortear el control del comercio internacional y facilitar el acceso a microchips incluso desde países aliados de Occidente.
Hong Kong, India y especialmente Malasia —país que ya ha sido señalado por incrementar sus exportaciones tecnológicas en un 3,400%— se han convertido en los principales puntos de tránsito. Desde allí, las CPUs llegan a Rusia reetiquetadas, sin marcas visibles o incluso mezcladas con otros componentes de hardware, dificultando su trazabilidad.
Pese al complejo entramado logístico y el coste adicional de estas operaciones, los precios no se han disparado como cabría esperar. Las empresas afirman que los incrementos han sido moderados, situándose entre un 10% y un 12%, una cifra considerada asumible frente a la alternativa de paralizar la producción. Las previsiones para 2025 no muestran signos de desaceleración: solo para abastecer el mercado interno de servidores, se estima la llegada de hasta 300,000 nuevos procesadores.
Además, la producción nacional de equipos informáticos en Rusia alcanzó los 181,000 millones de rublos en 2024, según datos de Rosstat, lo que refuerza la idea de una recuperación de la industria tecnológica local.
La situación ha puesto en entredicho la eficacia real de las sanciones estadounidenses. Mientras Washington endurece su discurso contra Moscú, en la práctica los procesadores siguen llegando. Las empresas estadounidenses no están implicadas directamente, pero el control sobre los canales secundarios —donde actúan intermediarios asiáticos— parece escaso o incluso deliberadamente laxo.
El informe de Help Net Security advierte además que parte de las CPU importadas acaban siendo utilizadas en sectores sensibles, incluidas infraestructuras críticas, inteligencia artificial y defensa, donde el suministro de chips avanzados es esencial para mantener la competitividad frente a Occidente.
El caso ruso demuestra que las sanciones, sin un sistema global de trazabilidad y cooperación entre aduanas, pueden ser fácilmente burladas. Lejos de aislar tecnológicamente al país, el cerco ha incentivado la creación de una red paralela de suministro que sigue fluyendo con fuerza.
Mientras tanto, Rusia continúa importando más chips que antes del conflicto en Ucrania, a precios apenas más altos y con una cadena de suministro cada vez más sofisticada. El pulso entre geopolítica y tecnología, lejos de resolverse, se intensifica.
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